La Cámara Federal de San Martín rechazó las nulidades planteadas por José Luis Espert y mantuvo las medidas de prueba cuestionadas
La Sala II del tribunal de alzada desestimó los planteos defensivos contra peritajes e informes en la causa por presunto lavado de activos y rechazó la queja para revisar el apartamiento del fiscal.
Resumen
En resoluciones independientes dictadas el pasado 15 de octubre, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín desestimó los recursos presentados por la defensa del exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de la causa por presunto lavado de activos. Por un lado, con la intervención de los jueces de cámara Néstor Barral y Alberto Lugones, el tribunal rechazó el incidente de nulidad contra diversas medidas probatorias dictadas por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, concluyendo que los requerimientos de información bancaria, fiscal y patrimonial, así como las extracciones forenses sobre dispositivos electrónicos, contaron con la debida autorización judicial y notificación a las partes, preservándose el resguardo del material ajeno a la causa y el acceso defensivo a las copias forenses; al tiempo que señaló que la querella no demostró un perjuicio irreparable en cuanto a las declaraciones testimoniales cuestionadas ni las individualizó acabadamente, manteniendo la facultad de solicitar su nueva recepción. Por otro lado, mediante un pronunciamiento individual del magistrado Alberto Lugones, la alzada rechazó la queja interpuesta para revisar la negativa del juez de grado a apartar al fiscal federal Fernando Domínguez, desestimando la aducida pérdida de objetividad del representante del Ministerio Público Fiscal.
El expediente investiga la hipótesis fiscal sobre el presunto origen ilícito de una transferencia de USD 200.000 que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, proveniente de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc. —sociedad vinculada a la estructura del empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a EE. UU. y sujeto a investigaciones por delitos financieros y de narcotráfico—, bajo la sospecha de que un contrato de consultoría pudo haber sido utilizado para justificar la operación. La defensa del imputado sostiene la legitimidad del vínculo contractual y las prestaciones profesionales desarrolladas, habiendo prestado declaración indagatoria, presentado su descargo y solicitado el sobreseimiento o la falta de mérito; en tanto que el juez Mirabelli tiene pendiente de resolución la redefinición de su situación procesal, frente a lo cual la fiscalía ha requerido su procesamiento.